Tres frentes, una sola presión: cómo Washington aprieta a Cuba sin necesitar un solo decreto nuevo

Mientras el Pentágono exhibe músculo en el Caribe y los tribunales migratorios endurecen el asilo, un tercer canal —el de los capitales— empieza a abrirle la puerta a inversionistas de EEUU en la minería cubana

En resumen — En la misma semana en que el Comando Sur dijo tener fuerzas «listas para actuar» en el Caribe, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió dos precedentes que estrechan el asilo y la cancelación de deportación, y dos consorcios texanos avanzaron en la disputa por la minera Sherritt en Moa. Los tres frentes —militar, migratorio y de capital— avanzan por separado, pero convergen en un mismo mensaje hacia La Habana: no hay una vía única de presión, hay varias simultáneas, y el Gobierno cubano responde con lo único que le queda, buscar oxígeno en los BRICS sin ceder en lo político.

El 12 de septiembre, el pianista cubano Andy García Palacios publicó en Instagram sus primeras palabras tras salir del Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Adelanto, en California, donde pasó casi un mes detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). «El proceso aún no ha terminado y continúa su curso, pero hoy puedo agradecer que estoy en casa», escribió, según reportó Periódico Cubano. El percusionista Degnis Bofill había sido arrestado cuatro días después, el 19 de agosto, en el aeropuerto de Miami; ninguno de los dos procesos migratorios ha concluido. Ese mismo fin de semana, un cubano identificado como Daniel de Cuba contaba en TikTok, también recogido por Periódico Cubano, que su «corte final» en Orlando había sido fijada para el 9 de junio de 2027 y que percibía el sistema como alineado contra los solicitantes como él.

Estas historias sueltas no son casos aislados de mala suerte migratoria. Son la cara visible de un mecanismo que, en la misma semana, se movió en dos niveles distintos y sobre un tercero que no tiene nada que ver con personas: la disputa por el níquel cubano. Vistos por separado, cada episodio es una noticia local. Vistos juntos, describen algo más preciso: Washington no aplica una sola política hacia Cuba, sino tres simultáneas —militar, migratoria-legal y de capital— que no necesitan coordinarse entre sí para producir el mismo efecto de presión sostenida.

El frente militar: la advertencia como rutina

El 13 de septiembre, SOUTHCOM publicó que sus «fuerzas élite» de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental estaban «vigilantes en la región y listas para tomar medidas decisivas para combatir las amenazas», según el mensaje citado por Periódico Cubano. El comunicado no mencionó a Cuba ni a Venezuela, pero llegó dos días después de que Donald Trump publicara un video sin comentarios del operativo que en enero capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, con una advertencia del secretario de Estado Marco Rubio: «No jueguen con el presidente que está en el cargo, porque no va a terminar bien», según ese material.

El archivo de este medio muestra que ese mensaje no es un hecho aislado sino parte de una secuencia sostenida a lo largo de unas dos semanas: el 26 de agosto SOUTHCOM difundió video de un «ataque cinético letal» contra una embarcación caribeña; el 27 de agosto se reactivó la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico con despliegue de tropas; el 31 de agosto la cúpula cubana expresó alarma por esos operativos; y el 9 de septiembre una portavoz del Departamento de Estado instó a los gobernantes cubanos a «mirarse en el espejo de Nicolás Maduro». Nada de esto prueba un plan de acción militar contra Cuba, pero sí documenta una escalada retórica y logística sostenida, con la captura de Maduro como referencia explícita y repetida.

El frente legal: precedentes que no mencionan a Cuba pero la alcanzan

El segundo frente no produce imágenes de helicópteros, pero probablemente afecta a más cubanos de forma directa. El 31 de julio, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) resolvió en Matter of L-L-R- que pagar a un traficante para que un hijo cruce hacia Estados Unidos —aun sin lograrlo— puede bastar para negar la «buena conducta moral» exigida en la cancelación de deportación, según el fallo de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reportado por Periódico Cubano. El 10 de septiembre, la misma BIA amplió en Matter of V-S-A- la facultad del Gobierno para comparar el relato de un solicitante de asilo con los de otros expedientes —incluso reservando su identidad— para cuestionar su credibilidad.

Ninguno de los dos precedentes nombra a Cuba, pero llegan sobre una base que este medio ya documentó: en julio, ICE detuvo a 49.571 personas, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump, con cubanos «entre los más afectados», según análisis de Associated Press con datos del Deportation Data Project. El 3 y 4 de septiembre, el DHS ordenó a sus abogados de ICE intentar el rechazo de solicitudes de asilo antes de la audiencia completa. A esa arquitectura se suma un gesto con fecha fija: desde 2027, las licencias de Florida identificarán la ciudadanía de su titular, conforme a la Florida SAVE Act firmada por Ron DeSantis el 1 de abril de 2026.

El frente del capital: la puerta que, si se abre, se abre con condiciones

El tercer frente es el más nuevo y el que menos habla de personas: la pugna por el 55% de Sherritt International, la minera canadiense que opera los yacimientos de níquel y cobalto de Moa, Holguín, y que suspendió sus actividades en Cuba en mayo tras el endurecimiento de sanciones estadounidenses. Según Bloomberg, citado por 14ymedio el 12 de septiembre, dos consorcios respaldados por capital de EEUU —uno con el empresario texano Ray Washburne, cercano a Trump; otro con Glencore y el petrolero texano Albert Huddleston— compiten por el control de la minera, con el visto bueno del Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses y, según el Miami Herald, también del Gobierno cubano.

La operación tropieza con reclamaciones de bienes confiscados en 1959 que hoy pertenecen a Citigroup y Office Depot, herederos de algunas de las mayores demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton, según 14ymedio. Que una solución legal a esas reclamaciones pudiera sentar precedente para futuras inversiones estadounidenses en la isla —como sugiere Bloomberg— es la primera señal documentada de que Washington no descarta capital propio en sectores estratégicos cubanos, siempre que pase antes por el filtro de una ley concebida para castigar, no facilitar, la inversión extranjera en Cuba.

Lo que Cuba ofrece a cambio: nada político

Frente a esos tres frentes, la respuesta cubana ha sido consistente. En Nueva Delhi, durante la cumbre de los BRICS, el primer viceministro de Comercio Exterior, Carlos Luis Jorge Méndez, dijo a Strat News Global, según 14ymedio: «No vamos a cambiar nuestro sistema para acabar con el bloqueo». Méndez insistió en que las reformas económicas cubanas «responden a necesidades internas y no a presiones externas», mientras el canciller Bruno Rodríguez usaba el mismo foro para pedir «oxígeno económico» y estrechar vínculos con Vietnam, Brasil e India, según Diario de Cuba.

Esa combinación —abrir la puerta al comercio con el Sur Global mientras se cierra cualquier cambio político— es la contraparte cubana a una estrategia estadounidense que tampoco necesita ser unificada para ser efectiva. El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, integrado entre otros por Tania Bruguera, Manuel Cuesta Morúa y el exdiplomático Jeffrey DeLaurentis, planteó en un informe citado por 14ymedio que Washington debería responder «de manera inmediata, positiva y contundente» —empezando por levantar las sanciones al combustible— si La Habana diera pasos como una amnistía general o la derogación de los decretos 349, 370 y 35. Es la secuencia inversa a la que documentan estas tres semanas: primero la presión, sin condicionarla a una respuesta cubana coordinada; después, quizás, la negociación. Mientras tanto, quienes pagan el costo inmediato no son los gobiernos sino personas como García Palacios, que en su mensaje tras salir de Adelanto resumió, sin proponérselo, el estado de todo lo demás: «El proceso aún no ha terminado y continúa su curso».