¿Qué es la acusación de Washington contra "redes cubanas" y por qué La Habana la llama calumnia?

Una acusación federal en Nueva York contra dos cubanos vinculados a una red rusa investigada por el FBI disparó una promesa del Departamento de Estado y un rechazo tajante de la Cancillería cubana. Esto es lo que sabemos y lo que no.

En resumen — El Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente a cinco personas —dos cubanos, un venezolano y dos rusos— de integrar una red de espionaje e intentos de asesinato dirigida desde Rusia; el Departamento de Estado usó el caso para prometer que "aplastará" las redes cubanas en su territorio, y La Habana, por voz de la viceministra Josefina Vidal, lo calificó de "calumnia sin fundamento".

¿De qué acusación concreta se habla?

Un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra cinco personas por integrar la llamada Red RIS, señalada de trabajar desde 2024 para los servicios de inteligencia rusos, según Diario de Cuba. Entre los acusados figuran dos cubanos: Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, nacido en Camagüey y residente en Petrozavodsk (Rusia), y Yaidel Delgado Suárez, también de 35 años y conocido como "Viking". Los otros tres son el venezolano Ángel Eduardo Castro y los rusos Yuri y Kirill Khrameev.

La Fiscalía sostiene que el grupo vigiló a disidentes rusos en Estados Unidos y Europa y planificó ataques contra infraestructuras en países que apoyan a Ucrania, con incidentes en Praga (junio de 2024) y Lituania (septiembre de 2024), según Diario de Cuba y Periódico Cubano. Habrían ofrecido pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares por vigilancia y 40.000 dólares por "eliminar" a un objetivo identificado como Víctima-1, según Periódico Cubano, que cita los documentos judiciales. Los cinco permanecen en libertad y enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para financiar terrorismo, y entre tres y diez años por conspiración de asesinato por encargo, según Diario de Cuba.

¿Qué prometió el Departamento de Estado y con qué base?

El viernes 18 de septiembre, el Departamento de Estado publicó en X que la acusación es "otro testimonio de la amenaza persistente de redes cubanas subversivas y otras redes extranjeras que operan en nombre de nuestros adversarios en suelo estadounidense", y añadió que "la administración Trump está luchando para aplastar estas redes de una vez por todas", según Periódico Cubano. Es una promesa política, no una medida con mecanismo o plazo anunciado: el comunicado no detalla qué acciones concretas tomará el Departamento más allá de la declaración.

¿Qué respondió el Gobierno cubano?

La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, escribió en X que se trata de una "calumnia sin fundamento alguno" y que ambos cubanos acusados "residen en otros países", sin vínculo con el Gobierno de la Isla, según Diario de Cuba y OnCuba News. Vidal añadió que Washington "intenta encontrar pretexto para justificar el crimen de castigo colectivo contra el pueblo cubano", en cita textual difundida por ambos medios.

¿Qué es nuevo frente a lo ya dicho antes?

Lo nuevo es el expediente judicial: nombres, cargos formales y un tribunal federal, algo verificable y distinto de las acusaciones genéricas que Washington viene repitiendo. El FBI ya había difundido en marzo un video acusando al "régimen cubano" de usar "estrategias de contrainteligencia" contra EEUU, y el secretario de Estado Marco Rubio afirmó en agosto, en Fox News, que Cuba es "el único país que ha implantado y encubierto espías de forma sistemática" en instituciones estadounidenses, según Diario de Cuba y CiberCuba respectivamente. Ninguna de esas dos declaraciones incluyó nombres ni cargos judiciales; la acusación de esta semana sí. Pero el vínculo entre los dos cubanos señalados y el Estado cubano —la pieza que el Departamento de Estado da por hecha y Cuba niega— no aparece respaldado por evidencia pública en los documentos judiciales citados por las fuentes consultadas: ese es el punto en disputa.

¿Y ahora qué?

El caso sigue su curso en el tribunal federal de Nueva York, con los cinco acusados en libertad. La conexión entre Romagoza Durruthy o Delgado Suárez y las instituciones del Gobierno cubano tampoco aparece respaldada por evidencia pública en los documentos judiciales citados por las fuentes consultadas: la acusación del Departamento de Justicia se centra en su presunta relación con la inteligencia rusa, no con La Habana. Si la Fiscalía aporta o no ese vínculo en juicio determinará si la promesa de Washington de "aplastar redes cubanas" tiene sustento más allá de la retórica.