La prisión política como pilar: el inquebrantable patrón de represión y la instrumentalización del derecho en Cuba y Venezuela

En resumen — La situación de los presos políticos en Cuba y la reciente reversión de la Ley de Amnistía en Venezuela no son incidentes aislados, sino manifestaciones de un patrón estructural de control estatal que utiliza el sistema legal para sofocar la disidencia. A pesar de la creciente presión internacional y los testimonios desgarradores, ambos regímenes persisten en una negación sistemática, profundizando el sufrimiento humano y desafiando los principios democráticos.

En el tablero geopolítico de América Latina, la figura del "preso político" emerge no como una anomalía, sino como un pilar recurrente en las estrategias de control de ciertos regímenes. Más allá de las condenas individuales, las recientes denuncias y negociaciones en torno a Cuba y Venezuela revelan un entramado estructural donde el derecho se instrumentaliza, la disidencia se penaliza y la libertad se convierte en una moneda de cambio político. Este patrón inquebrantable de represión, documentado por organizaciones de derechos humanos y activistas en el exilio, expone la profunda crisis de gobernabilidad y la sistemática violación de derechos fundamentales que persiste en la región.

El caso cubano, particularmente, evidencia una continuidad histórica en el uso de la prisión política como mecanismo de control. Con más de 1.200 presos políticos, según la ONG Prisoners Defenders, la isla se mantiene como uno de los países con mayor índice de encarcelamientos por motivos políticos en el continente. Este escenario no es un mero resultado de decisiones judiciales aisladas, sino parte de una política sistemática de represión contra activistas, opositores, periodistas y ciudadanos críticos, como documenta el informe anual 2026 de Amnistía Internacional. Desde detenciones arbitrarias hasta desapariciones forzadas de corta duración, el Estado ejerce una vigilancia y un castigo constantes que ahogan cualquier manifestación de disenso, anclando un sistema que se remonta a la "Larga Sombra de Fidel Castro", un legado que continúa definiendo la Cuba actual.

La creciente presión internacional, encabezada por Estados Unidos, ha chocado frontalmente con la intransigencia de La Habana. El ultimátum de dos semanas impuesto por Washington para la liberación de presos políticos de alto perfil, como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo, fue categóricamente rechazado por el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán. Este último equiparó los sistemas judiciales, declarando que los asuntos internos sobre detenidos "no están sobre la mesa", una postura que ha sido el muro recurrente frente a las exigencias de derechos humanos. La Administración estadounidense, que percibe a Cuba "en caída libre" y al borde del colapso social, busca generar un “gesto de buena voluntad” que el régimen, por su parte, condiciona a un alivio recíproco del embargo, revelando la compleja dinámica de una "autopista con dos direcciones" donde las vidas de los disidentes son el peaje.

Más allá de las cifras y las negociaciones diplomáticas, el rostro más crudo de esta realidad se manifiesta en el costo humano. Las prisiones cubanas, lejos de ser centros de rehabilitación, se han convertido en espacios de vulneración extrema. La muerte de Anamara Barona Rivero en la cárcel de mujeres de El Guatao, en “circunstancias no esclarecidas”, es un recordatorio sombrío de los 125 fallecimientos bajo custodia estatal registrados desde enero de 2023. A ello se suman testimonios desgarradores como el de Dalvinder Singh Jagpal, un ciudadano indio en el Combinado del Este, quien denunció acoso intensificado, requisas nocturnas y destrucción de pertenencias por parte de funcionarios penitenciarios. Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado por las protestas del 11 de julio de 2021, cumple una huelga de hambre en una celda de castigo, mientras su madre clama ayuda desde el exilio, temiendo por su vida. Estas historias no son meros incidentes; son la evidencia palpable de un sistema diseñado para quebrar la voluntad y castigar la disidencia hasta sus últimas consecuencias.

La instrumentalización del derecho y la opacidad se extienden incluso a los gestos de aparente apertura. Los anuncios de excarcelaciones e indultos del régimen cubano han sido calificados por Amnistía Internacional como actos marcados por la "discrecionalidad" y sin "garantías reales de libertad". Un mes después del anuncio de la liberación de 51 detenidos y un indulto de 2.010 personas, ninguna entidad de derechos humanos ha podido verificar la liberación de personas encarceladas por motivos políticos. El humorista cubano Boncó Quiñongo lo cuestiona sin tapujos: "¿Por qué no liberan los presos políticos?", señalando que el régimen libera a quienes "les da la gana a ellos", excluyendo figuras emblemáticas como Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Este patrón de gestión de la libertad como una concesión discrecional, y no como una obligación del Estado, es una característica distintiva de los regímenes autoritarios que buscan mantener el control narrativo y político.

En Venezuela, la arbitrariedad legal ha tomado una forma igualmente preocupante. El reciente anuncio de Delcy Rodríguez sobre el "fin" de la Ley de Amnistía, apenas dos meses después de su aprobación, es un claro ejemplo de la manipulación del marco legal para fines políticos. Con 473 presos políticos aún tras las rejas, la decisión de la presidenta encargada, sin explicación ni detalles sobre el "fin" de una ley sin caducidad, es un testimonio de la fragilidad del Estado de derecho. Esta maniobra, justificada por Rodríguez como resultado de una "confrontación política" y "agresión externa", refuerza la tesis de que, en estos contextos, las leyes son herramientas maleables al servicio del poder, capaces de revertirse cuando ya no convienen a los intereses del régimen, lo que complica la reconfiguración del poder en la Venezuela post-Maduro.

Frente a este escenario, la sociedad civil y el exilio se han erigido como voces incansables en la defensa de los derechos humanos. Activistas como Amelia Calzadilla y Carolina Barrero llevan sus denuncias al Parlamento Europeo, instando a la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba y a la imposición de sanciones individuales. La activista Oraiza Estrada Velma, por su parte, ha denunciado ante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU los abusos y el mayor riesgo que enfrentan los afrodescendientes en Cuba, desafiando los intentos del régimen por silenciarla. Estas acciones demuestran que, a pesar de la represión interna, la lucha por la libertad y la justicia encuentra eco y fortaleza en la solidaridad transnacional, llevando la verdad de lo que ocurre en estas prisiones a los foros internacionales.

El presidio político, lejos de ser un vestigio del pasado, se mantiene como una estrategia central de control estatal en Cuba y, con variaciones, en Venezuela. La represión sistemática, la instrumentalización del derecho y la negación de la realidad humanitaria se entrelazan con crisis económicas y sociales profundas, que alimentan el descontento y, a su vez, la respuesta represiva de los regímenes. La persistencia de esta dinámica exige una atención sostenida por parte de la comunidad internacional y una verificación independiente de las condiciones de los detenidos. Solo así será posible romper el ciclo de impunidad y dar voz a aquellos cuya libertad ha sido silenciada, y cuyos derechos siguen siendo pisoteados bajo el yugo de una maquinaria de control que se niega a ceder.