En La Habana, el agua se promete dos veces y se denuncia una sola

Entre abril y septiembre, Díaz-Canel anunció dos veces resolver la misma crisis de bombeo en Cuenca Sur; quien denunció el mismo problema desde su barrio pasó casi una semana detenida

En resumen — Miguel Díaz-Canel prometió el 3 de septiembre resolver el problema del agua en La Habana "aunque tengamos todavía apagones prolongados", la segunda vez en 2026 en que el propio mandatario anuncia una solución al mismo sistema de bombeo de la capital, después de una promesa similar en agosto. En esas mismas semanas, el régimen detuvo y luego liberó bajo condiciones a Sady Companioni, una madre sin militancia política que había denunciado en redes sociales exactamente esa falta de agua y los apagones en su barrio.

El 3 de septiembre, Miguel Díaz-Canel afirmó que el objetivo del Gobierno es "ir resolviendo el problema del agua y quitar una situación de complejidad a los problemas que estamos viviendo en la economía y en la sociedad", según recogió Cubadebate y reprodujo OnCuba News. El mandatario reconoció que los sistemas de bombeo necesitan entre 10 y 12 horas de estabilidad eléctrica para funcionar de forma sostenida, y que los apagones actuales impiden garantizar ese tiempo. Uno de los sistemas priorizados, Cuenca Sur, abastece a más de 336.000 habitantes de La Habana, entre ellos residentes de Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros, según el mismo reporte.

La declaración no es un anuncio aislado, aunque solo dos de los episodios que la preceden llevan la firma del propio mandatario. El archivo de este medio registra otros dos momentos en 2026 en los que la crisis de Cuenca Sur quedó documentada sin que Díaz-Canel interviniera directamente: el 16 de abril, cuando el director de Acueducto de La Habana, Abel Fernández Díaz —un funcionario del sector, no el presidente—, describió el abasto en esa cuenca como "muy compleja" ante paros eléctricos de más de diez horas que dejaban a más de 200.000 cubanos sin agua, según CiberCuba; y el 26 y 27 de abril, cuando una avería derivada de un corte de electricidad, reportada por la empresa estatal sin ninguna promesa asociada, dejó sin suministro a parte de la capital, según Diario de Cuba. El propio Díaz-Canel solo se pronunció sobre este sistema en dos ocasiones: el 28 de agosto, cuando visitó una fuente estratégica de abasto y prometió para octubre un sistema de acumulación de energía para "regular la frecuencia del sistema eléctrico", de acuerdo con el mismo diario; y el 3 de septiembre, cuando repitió el diagnóstico —el mismo Cuenca Sur, el mismo vínculo entre apagón y agua— sin que el sistema prometido en agosto haya llegado a instalarse, según la cobertura disponible hasta la fecha.

Mientras el discurso oficial se repite, el mecanismo con el que el Estado responde a quienes hacen el mismo diagnóstico desde la calle ha sido distinto: la detención. El 28 de agosto, fuerzas represivas arrestaron en La Habana a Sady R. Companioni, madre de una niña pequeña, después de que denunciara en redes sociales la falta de agua en su vivienda y documentara los favores de una delegada local en el reparto de agua mediante pipas, según Diario de Cuba y 14ymedio. Companioni permaneció casi una semana detenida en el VIVAC, centro en las afueras de la capital usado habitualmente para interrogatorios y amenazas a activistas, y fue liberada el 3 de septiembre con la obligación de presentarse a firmar a diario en una unidad policial, de acuerdo con 14ymedio. Según el testimonio recogido por la activista Tania Tasé y reproducido por Diario de Cuba, la madre de Companioni tuvo que insistir "mucho" ante el Tribunal Provincial de La Habana para que le atendieran un recurso de habeas corpus, tras ser "peloteada" de un piso a otro por las autoridades.

El caso de Companioni no es el único de esas semanas. El 27 de agosto, la activista Lumey Guzmán Fernández fue excarcelada bajo fianza de 7.000 pesos, tras ser detenida el mes anterior por un video en el que responsabilizaba a Díaz-Canel de un apagón de 90 horas, según 14ymedio y la organización Justicia 11J. Semanas antes, a finales de julio, varios detenidos tras una protesta durante un apagón en Santiago de Las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros, fueron enviados a prisión provisional en el mismo Vivac, según Diario de Cuba. Un patrón que la organización de asesoría legal Cubalex describió en agosto, citada por el propio Diario de Cuba, como "un repunte represivo contra ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización ni movimiento opositor" y que en muchos casos "expresaron su descontento de manera espontánea". El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su parte, documentó 356 acciones represivas solo en julio, entre ellas 109 cercos a viviendas, de acuerdo con una cifra recogida por 14ymedio.

Companioni, según la propia cobertura de Diario de Cuba, "no tiene vínculo político con organizaciones ni con otros activistas": su denuncia era, en esencia, la misma que hace el Gobierno cuando reconoce "la crítica situación" del agua en la capital. La diferencia es quién puede decirlo sin consecuencias. El Estado admite el problema en un comunicado de prensa y promete una fecha; la vecina que expone el mismo problema con nombre de una funcionaria de por medio termina firmando a diario en una estación de policía.

Ese vacío de capacidad estatal coincide además con una diplomacia que tampoco entrega. El vicecanciller ruso Serguéi Ryabkov se reunió esta semana con el embajador cubano en Moscú, Enrique Orta González, en un encuentro que la Embajada de Rusia describió como desarrollado "en el espíritu de amistad y confianza característico" y en el que se abordaron "pasos prácticos para ampliar la asociación estratégica", según recogió Diario de Cuba. Pero el propio medio señala que el encuentro llega días después de que Moscú respondiera con frialdad al deseo de La Habana de integrarse como miembro pleno de los BRICS, y que la reunión "sigue quedándose en el terreno de la retórica", sin acuerdo concreto ni el rescate económico que el régimen cubano ha buscado del Kremlin. En ese mismo vacío, quien sí entrega es un actor no estatal: el director de la ONG española Open Arms, Óscar Camps, atracó por segunda vez en un mes en la bahía habanera, esta vez con cerca de tres toneladas de material médico, leche en polvo y equipos de hemodiálisis para el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, según OnCuba News y 14ymedio. La abuela de una niña de dos años operada de urgencia en ese hospital, Yaritza Corrales, contó a la agencia EFE que sin el equipo fotovoltaico donado en la primera entrega de julio "hubiese sido imposible" la cirugía de doce horas que le salvó la vida a su nieta, porque esa noche —el 1 de agosto— "se cayó el SEN".

El resultado es una capital de dos ritmos: uno es el de un Estado que reconoce en público el mismo diagnóstico sobre el agua y la electricidad y difiere la solución de abril a agosto y de agosto a septiembre; el otro es el de un aparato represivo que responde con rapidez a quien hace ese mismo diagnóstico desde un balcón de Lawton o un barrio de Boyeros. Entre ambos ritmos, quienes de verdad completan algo —una cirugía, un tanque de agua, una batería solar— no llevan uniforme del Ministerio del Interior ni cargo en el Comité Central: llegan en velero, o insisten piso por piso en un tribunal hasta que alguien atiende un habeas corpus. Como resumió Cubalex sobre el caso de Companioni, ese tipo de arrestos "evidencia las represalias que enfrentan quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión" para denunciar, con las mismas palabras que usa el propio Gobierno, el colapso que nadie más resuelve.