Cuatro leyes, un mismo reflejo

En resumen — La Asamblea Nacional cerró su séptimo período de sesiones aprobando cuatro leyes que refuerzan el control estatal —incluida una que crea un registro biométrico con voz, iris y rasgos faciales de cada ciudadano— en la misma semana en que el gobierno anunció el cierre del 73% de los hoteles y la eliminación de 92.000 empleos públicos. El patrón no es nuevo: desde abril, cada apertura económica cubana ha venido acompañada de una cláusula que preserva el control del Estado, mientras organismos como la CIDH y fundaciones como FAES documentan y premian la resistencia a ese mismo aparato.

El jueves 30 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad una ley que, en apariencia, es un trámite administrativo: la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio. Sustituye un decreto de nueve artículos vigente desde 2007 por un cuerpo legal de 60 artículos, acompañado de un reglamento, según detalló CiberCuba. La norma crea la Autoridad de Identidad Personal y Domicilio, adscrita al Ministerio del Interior (MININT), y amplía el catálogo de datos biométricos que el Estado puede recopilar de cada ciudadano y extranjero residente: fotografía facial, huellas dactilares, voz, iris, color de piel, color de ojos y estatura. La presentó ante los diputados el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT.

La ley no llegó sola. En la misma sesión, los diputados aprobaron otras tres normas —el nuevo Código de Trabajo, la Ley de Vivienda y la Ley de Organización y Administración Central del Estado, esta última con la reducción de ministerios y la eliminación de la categoría de 'instituto'—, según reportó Diario de Cuba, que resumió el saldo de la jornada como una acumulación de control con pocas soluciones para los problemas cotidianos de los cubanos. El medio señaló que los cuatro proyectos "afianzan el control del régimen sobre la población" sin ofrecer, a su juicio, soluciones a corto ni mediano plazo.

Horas antes de que se votaran esas leyes, Miguel Díaz-Canel cerró el período de sesiones con un discurso que buscaba anticipar la lectura crítica. "No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional como a algunos les preocupa", dijo, según recogió Diario de Cuba. El gobernante añadió, de acuerdo con el mismo reporte, que no habría privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni los servicios que considera estratégicos para la nación, y se encomendó a la figura de Fidel Castro para conducir las transformaciones económicas en curso. El reporte señaló además que el propio Díaz-Canel reconoció la preocupación oficial por la concentración de riqueza y capital, y por el eventual impacto ideológico de las reformas en marcha.

Esa combinación —abrir con una mano, retener el control con la otra— no es exclusiva de esta semana. Es la fórmula que ha regido cada reforma económica cubana desde abril. Cuando el Consejo de Ministros anunció que la empresa estatal Acopio perdía su monopolio sobre la comercialización agropecuaria, Diario de Cuba reportó que el Estado se reservó los rubros más rentables, como el tabaco y la miel, y mantuvo la gestión de las exportaciones. Cuando se publicó la lista de nuevos sectores abiertos al capital privado —farmacia y energía, entre ellos—, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), Lázara Mercedes López Acea, insistió, según 14ymedio: "No es que estamos yendo a la privatización de la economía". El anuncio de que se reducirían ministerios y estructuras intermedias, hecho por Díaz-Canel en abril en una entrevista con RT, se presentó entonces como reducción de burocracia; en julio se materializó en una ley que, además de reorganizar el aparato estatal, lo dota de un registro biométrico centralizado.

La ley de identidad es, de las cuatro aprobadas esta semana, la que ha generado más señales de alarma antes incluso de su aprobación. Cuando el proyecto se sometió a consulta pública en julio, Diario de Cuba lo describió como una norma que amplía la vigilancia policial y advirtió que la nueva Autoridad de Identidad Personal y Domicilio queda "directamente dependiente del aparato de seguridad y represión", trazando un paralelo con prácticas del llamado Gran Cortafuegos chino, como el filtrado de palabras clave en la mensajería personal, y con el endurecimiento legal que en 2019 trajo el Decreto-Ley 370. Periódico Cubano reportó que el proyecto entregaría al MININT el control de los datos biométricos, la identidad digital y el domicilio de cada residente, con preocupación explícita por su posible uso contra voces críticas: propietarios y arrendadores tendrían que informar quién vive en sus inmuebles y cuándo lo abandona. Martí Noticias, ya con la ley aprobada, citó al analista identificado como Aleaga advirtiendo que "es un paso que no se puede dar sin China; China ha establecido la tecnología dentro de Cuba para usarla contra el ciudadano".

El refuerzo legislativo del control coincide con una semana en la que otros dos hechos, ajenos a la Asamblea, documentan el costo humano del aparato que esa Asamblea acaba de blindar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porras Pérez, presos desde julio de 2021 por participar en las protestas del 11J, al considerar que sus "derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Cuba", según el comunicado del organismo recogido por Diario de Cuba. Los solicitantes describieron condiciones de "alimentación insuficiente o en mal estado, falta de acceso suficiente a agua potable" y "ausencia de atención médica adecuada"; el grupo de asesoría jurídica Cubalex ha documentado 32 muertes en las cárceles cubanas durante 2026, un subregistro que intenta llenar el vacío de información oficial sobre los decesos en las prisiones de la Isla. El mismo día, la fundación española FAES concedió su Premio de la Libertad a la opositora cubana Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide e hija del opositor Oswaldo Payá, junto a la iraní Masih Alinejad y la rusa Yulia Navalnaya, por sus trayectorias en defensa de los derechos fundamentales, según un comunicado de la fundación.

Ninguno de estos hechos —la ley de identidad, las medidas cautelares de la CIDH, el premio a Payá— depende del otro para existir. Pero ocurrieron en la misma semana en que el gobierno cubano anunció que 25.000 trabajadores del turismo quedarían sin empleo por el cierre del 73% de los hoteles del país y que otros 92.000 puestos públicos desaparecerían en Salud, Educación, Cultura y Deporte, según reportó 14ymedio desde la propia Asamblea Nacional. Es la secuencia que resumió Diario de Cuba en el título de su crónica sobre la sesión legislativa: más control del Estado, pocas soluciones para los problemas cotidianos de los cubanos.