Condenas crecientes por robos al sistema eléctrico: la fórmula del Estado cubano frente a un SEN que ya no puede proteger

En resumen — Entre el 21 y el 26 de septiembre, la justicia cubana condenó o procesó cuatro casos distintos en Holguín, Artemisa y Pinar del Río por delitos contra el sistema eléctrico, con penas que van de diez meses a doce años de cárcel. La secuencia coincide con la peor fase de la crisis energética del año —un octavo colapso nacional el 18 de septiembre— y confirma un giro ya anunciado por el Gobierno: tratar como sabotaje contra la seguridad del Estado incluso el robo oportunista de tornillos o aceite de transformador.

Luis Manuel se metió debajo de un transformador en la subestación eléctrica de la comunidad de El Zarzal, en el municipio holguinero de Urbano Noris, retiró el tapón y empezó a sacar aceite dieléctrico "como si tal acción fuera 'pan comido'". Lo hizo, con la ayuda de su tío Jesús Yusnel, de 33 años, de forma recurrente entre septiembre y octubre de 2024, hasta sustraer al menos 440 litros que trasladaban "en bicicleta y carretón", según el relato de los hechos probados que recogió el diario oficialista ¡Ahora! y que reprodujo 14ymedio. La subestación daba servicio a más de 4.000 clientes; el robo, dice esa misma nota, provocó que "el apagón se prolongara por más de 24 horas". Casi dos años después, un tribunal sentenció el caso: 8 años de prisión para Luis Manuel y 10 para su tío Jesús Yusnel, condenados por sabotaje. Dos compradores del aceite recibieron un año y seis meses, y diez meses, acusados de "receptación del producto". La sentencia se conoció el 21 de septiembre de 2026, según 14ymedio.

Tres días después, la Fiscalía Provincial de Artemisa anunció otro caso de mayor escala: cuatro detenidos por el corte de 135 metros de cable de 19 vías en la Central Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, en Mariel, que dejó fuera de servicio la unidad 8 la madrugada del 2 de septiembre. Dos de los detenidos, señalados como autores directos, quedaron en prisión provisional; los otros dos son custodios de la planta, acusados de no haber detectado el robo, y permanecen bajo fianza. La Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado abrió el Expediente de Fase Preparatoria 36 de 2026 por sabotaje e incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, según reportaron 14ymedio, Periódico Cubano y OnCuba News el 24 de septiembre. Dos días más tarde, el 26 de septiembre, un tribunal de Pinar del Río condenó a 12 años de cárcel a un hombre por robar tornillos y otros accesorios del parque solar "La Barbarita", el primero de los cuatro parques fotovoltaicos construidos en la provincia, según OnCuba News. La Fiscalía lo acusó de sabotaje bajo el artículo 125 de la Ley 151 del Código Penal, que sanciona con siete a quince años de prisión a quien atente contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Los tres episodios —Holguín, Mariel, Pinar del Río— no describen el mismo tipo de acto. En Mariel, la Fiscalía calificó explícitamente de sabotaje el corte deliberado de cableado energizado que alimentaba una unidad generadora, un hecho con intención directa sobre la infraestructura. En Holguín y Pinar del Río, en cambio, lo que las fuentes documentan es sustracción de materiales —aceite dieléctrico de un transformador, tornillos de un parque solar— que la fiscalía encuadró bajo la misma figura penal de sabotaje contra el SEN, con penas de siete a quince años previstas por ley. La distinción importa: no es que el Estado cubano esté descubriendo saboteadores organizados en cada provincia, sino que aplica la calificación más severa del Código Penal —diseñada para atentados deliberados contra la seguridad del Estado— a robos que, por su naturaleza, se acercan más al hurto oportunista que a la subversión.

Esa aplicación no es improvisada. En abril de 2026, 14ymedio ya había reportado que el Gobierno convertía el robo de aceite dieléctrico en "asunto de seguridad nacional", con el primer ministro Manuel Marrero pidiendo "mano dura" contra el hurto de combustible. A finales de agosto, la Fiscalía General de la República precisó el alcance de esa política: más de 460 investigaciones penales abiertas entre 2025 y la primera mitad de 2026 por "sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación contra el SEN", con penas que en 2026 se han situado "mayoritariamente entre nueve y 20 años de privación de libertad", según un despacho de la agencia EFE recogido por OnCuba News. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había reconocido ante la Asamblea Nacional, a finales de julio, que la sustracción de aceite dieléctrico ocurre "a diario" en Cuba y que el volumen robado es "casi similar" al que el país logra producir en el mismo período: una fuga sistemática que el Estado no ha logrado contener por otras vías.

La secuencia de septiembre coincide con el peor tramo de la crisis eléctrica del año. El 18 de septiembre, el Sistema Eléctrico Nacional sufrió su octavo colapso total de 2026, según Diario de Cuba, y al día siguiente la termoeléctrica Guiteras volvió a pararse mientras las autoridades celebraban la reconexión parcial "hasta Holguín". El 21 de septiembre, el mismo día en que se conocía la sentencia de Holguín, Diario de Cuba reportaba que 200 torres de telefonía móvil habían quedado desconectadas en Santiago de Cuba por falta de combustible. Días antes, el 31 de agosto, 14ymedio había registrado un nuevo récord de déficit eléctrico previsto, de 2.410 megavatios. El propio caso de Mariel ilustra la estrechez del margen: el día del robo, la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2.290 megavatios en el horario pico nocturno —con una demanda de 3.250 MW y una generación de apenas 990 MW—, y por la tarde un cliente indignado escribió textualmente en redes, según recogió 14ymedio: "1.950 MW de déficit en el horario del día. ¡RÉCORD PARA HORARIO DIURNO!".

Es en ese margen —entre un sistema sin generación de sobra y una población que necesita creer que alguien paga por el apagón— donde se entiende la función de las condenas. Cuando se conoció la detención de los implicados en Mariel, los comentarios de lectores citados por 14ymedio pedían explícitamente severidad: "Cien años", "Cadena perpetua" o "Pena capital", frases que el propio medio señaló no son tan exageradas frente a un Código Penal que ya prevé penas de siete a quince años para este delito. El mensaje que las fiscalías provinciales envían no distingue matices entre el que corta un cable con intención y el que aprovecha un transformador desatendido para vender aceite: ambos terminan procesados bajo la misma categoría, con penas que —de diez meses en Holguín a doce años en Pinar del Río, en apenas cinco días de cobertura— muestran una gradación creciente antes que una respuesta proporcional al daño causado. Es la fórmula que el ministro de Energía admitió sin proponérselo: mientras el aceite robado "a diario" iguala en volumen a lo que el país produce, la sentencia se ha convertido en la herramienta que el Estado cubano tiene más a mano frente a una infraestructura que ya no puede proteger de otra forma.